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Venezuela – Filipinas: comentarios a la apertura de examen preliminar en la CPI.

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El día 8 de Febrero de 2018 el entorno de la Corte Penal Internacional (CPI) encontró una noticia que parece dar lugar a varias interpretaciones. La Fiscal Fatou Bensouda anunció en una declaración conjunta,  la apertura de un examen preliminar para la situación de Filipinas y de Venezuela.

Sostiene la Fiscal Bensouda que a partir de diversas comunicaciones enviadas por diversos actores con interés en cada uno de los países, se puede evidenciar que se han podido cometer diversos crímenes sobre los cuales la CPI podría eventualmente ejercer jurisdicción.

Así, el examen preliminar iniciado en la situación de Filipinas analizará crímenes cometidos por el Estado Filipino, al menos desde el primero de Julio de 2016, cuando el Presidente Duterte decretó una guerra sin cuartel contra las drogas. Según los reportes en poder de la Oficina de la Fiscalía, desde esa fecha miles de personas han sido asesinadas por su posible relación con el uso o tráfico de drogas ilegales. Si bien es cierto que los reportes indican que algunas de las muertes pudieron ocurrir en enfrentamientos entre bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes, se tienen serios indicios de que numerosas muertes fueron el resultado de operaciones policiales que condujeron a la comisión de ejecuciones extrajudiciales.

Por su parte, el examen preliminar en Venezuela estará centrado en los crímenes presuntamente cometidos por el Estado desde Abril de 2017, en el marco de los disturbios políticos vividos en el país. Especialmente, se ha puesto atención al exceso de uso de la fuerza en la represión de las manifestaciones de la oposición, así como al arresto de miles de sus miembros, los cuales han sido sometidos a abusos y tratos crueles en prisión. Al tiempo, se ha informado a la Fiscalía de la CPI que los grupos de manifestantes han recurrido a medios igualmente violentos, los cuales han provocado heridos o muertos de miembros de los cuerpos de seguridad estatal.

Ahora bien, lo cierto es que lo anterior se enmarca en el libre ejercicio que tiene la Fiscalía de abrir exámenes preliminares sobre posibles situaciones que podrían ser de competencia de la CPI y en ese orden de ideas no se espera que sea pronta una apertura de investigación frente a un caso particular; en tanto un examen preliminar no tiene una limitación temporal –recuérdese que han pasado 15 años desde los hechos en Afganistán y la CPI mantiene dicha situación como examen preliminar- y es el momento en el cual la Fiscalía tiene la posibilidad de recabar la información pertinente que permita precisar un caso a traves de una investigación formal.

Este par de situaciones se presentan como una buena oportunidad para la CPI de cambiar su foco de atención a otras latitudes donde la situación de violencia es igual de grave a las ya detectadas en las situaciones abiertas en África. Cómo se mencionó en la descripción de las situaciones a examinar por la Oficina del Fiscal, tanto en Filipinas como en Venezuela se podrían haber cometido diversos crímenes de lesa humanidad.

En el caso de Filipinas, específicamente se habla de la posibilidad de la comisión de crímenes de lesa humanidad, en torno al acto de asesinato (Artículo 7.1.a); Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normal fundamentales de derecho internacional (Artículo 7.1.e); desaparición forzada de personas (Artículo 7.1. i) y; otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física (Artículo 7.1.k).

Lo anterior, es importante si se recuerda que Human Rights Watch (HRW) reporta lo siguiente:
 
La policía filipina está alterando evidencias para justificar ejecuciones ilegales en una “guerra contra las drogas” que ha provocado más de 7.000 muertes, señaló hoy Human Rights Watch en un nuevo informe. Como parte de una campaña, el presidente Rodrigo Duterte y otros altos funcionarios han instigado e incitado ejecuciones de personas que, en su mayoría, pertenecen a sectores pobres urbanos, y estos hechos podrían constituir delitos de lesa humanidad. […][1]

Y es que el informe de HRW logró determinar que la Policía Nacional de Filipinas ha cometido ejecuciones extrajudiciales de personas sobre las cuales pesaba la sospecha de ser parte de redes de narcotráfico y de haber actuado en defensa ante los ataques de dichos grupos. No obstante ha sido comprobado que la Policía ha actuado de la mano con grupos armados irregulares en la manipulación de escenas de supuestos crímenes o redadas policiales.

Lo anterior cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que luego de ser anunciada la apertura de tal examen preliminar, el Presidente Duterte efectuó la denuncia del Estatuto de Roma a fin de intentar detener las acciones de la CPI. No obstante es importante señalar que tal maniobra jurídica fue tardía. Debe recordarse que el mismo Estatuto de Roma señala: 
 
Artículo 127 Denuncia
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior.
2. La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en él, en particular las obligaciones financieras que hubiere contraído. La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto.  
 
Lo anterior, no significa otra cosa que aún con la denuncia efectuada en pasados días por el Gobierno Filipino ante la Secretaría General de Naciones Unidas; la CPI y en particular, la Fiscal Bensouda está facultada para seguir adelante con las investigaciones por los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en este país durante el tiempo que estuvo vigente el Estatuto de Roma. Además, desde lo político puede tenerse como un paso en falso por parte del Presidente Duterte pues, de ser ajustadas a derechos sus acciones en contra del narcotráfico, así hubiera podido ser demostrado a instancias de la propia Corte[2].
 
Por su parte, frente a la situación Venezolana se tiene que, según lo reportado por la Oficina de la Fiscal de la CPI, en Venezuela se pudieron haber cometido los crímenes de lesa humanidad de asesinato (Artículo 7.1.a); Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normal fundamentales de derecho internacional (Artículo 7.1.e); Tortura (Artículo 7.1.f); desaparición forzada de personas (Artículo 7.1. i); Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte (Artículo 7.1.h) y; otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física (Artículo 7.1.k).
 
Informes de derechos humanos registran que en Venezuela los abusos han sido registrados por diversos medios, tal como la ejecución sufrida por piloto el Oscar Perez. Human Rigths Watch reporta sobre la situación venezolana lo siguiente:
 
En 2017, el gobierno venezolano cometió de forma sistemática abusos brutales, incluyendo torturas, contra quienes se manifestaban contra el gobierno y contra opositores políticos. En las calles, miembros de las fuerzas de seguridad emplearon desproporcionadamente la fuerza contra manifestantes, causando cientos de heridos. Detuvieron a más de 5.400 personas entre abril y julio. Miembros de diferentes fuerzas de seguridad golpearon violentamente y torturaron a detenidos con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas crueles. Las autoridades también han procesado arbitrariamente a más de 750 civiles en la justicia militar.
Las investigaciones de Human Rights Watch permiten concluir que los abusos durante 2017 fueron parte de una práctica sistemática de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas. Aunque esta no fue la primera vez que se castigó el disenso durante la presidencia de Maduro —en 2014 las fuerzas de seguridad también reprimieron manifestaciones y procesaron arbitrariamente a críticos— la magnitud y la gravedad de la represión durante 2017 alcanzaron niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela.[3]
 
Así las cosas, esta es una oportunidad valiosa para que la Oficina de la Fiscalía muestre cosas que poco se han presenciado al interior de esta jurisdicción, como lo es la celeridad a la hora de efectuar exámenes preliminares y la disposición y decisión para investigar otras latitudes diferentes a la africana. Poniendo de presente la gran tensión existente con los países de tal continente y las expectativas de la comunidad internacional de esclarecer y poner fin a los abusos presentados tanto en Filipinas como en Venezuela.
 
Ahora, no se puede perder de vista que la Fiscalía se enfrenta ya no sólo a un reto de abrir investigaciones a personajes de la envergadura mediática de los Presidentes Maduro y Duterte, sino a las dificultades de investigar a dos personajes, junto a sus secuaces, quienes no reconocen su competencia para tal empresa. A todas luces un reto del que se espera la mejor disposición de toda la CPI.
 

[1] Human Rights Watch (HRW), La policía filipina comete ejecuciones y falsifica evidencias en su “guerra contra las drogas”, 2017, disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2017/03/01/la-policia-filipina-comete-ejecuciones-y-falsifica-evidencias-en-su-guerra-contra
[2] Amnistía Internacional, Filipinas: La desacertada retirada de Duterte de la CPI, demasiado tardía para detener las ruedas de la justicia, 2018, disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/03/philippines-duterte-misguided-icc-withdrawal-comes-too-late-to-stop-wheels-of-justice
[3] Human Rights Watch (HRW), La Fiscal de la Corte Penal Internacional evaluará denuncias de crímenes en Venezuela, 2018, disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2018/02/08/la-fiscal-de-la-corte-penal-internacional-evaluara-denuncias-de-crimenes-en