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Una reparación, más allá del dinero, para las víctimas de reclutamiento forzado en Colombia.

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La Republica de Colombia ha sufrido desde hace muchos años-prácticamente desde su fundación-  la conducción de un conflicto armado interno(CAI), el cual es entendido como el “que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”(protocolo adicional II a los convenios de ginebra ), dentro del cual se han generado afectaciones a diversos grupos poblacionales, uno de ellos es el de los niños, niñas y adolescentes (NNA), quienes son afectados por diversos flagelos como la violencia sexual, el desplazamiento o el reclutamiento forzado entre muchos otros.

Es necesario para la nación entender y aprender del fenómeno para buscar una solución, en diferentes naciones se adelantan conflictos internos donde se ve afectada la población NNA, las causas que llevan al menor al reclutamiento se dan cuando se ven vulnerados sus derechos humanos, según la Defensoría del pueblo en los contextos en que mayor se ve afectado el menor de edad es en: la privación económica, la falta de acceso a educación, salud bienestar y recreación, así como la carencia de redes afectivas y de protección (Bojacá 2017 P. 10).

Estas vulneraciones a los derechos desembocan en la terrible practica del reclutamiento forzado, el cual debemos entender como la vinculación, ya sea voluntaria o forzada de menores de 15 años según establece la legislación internacional (aunque parezca contradictoria la apreciación de determinar “forzada” la vinculación voluntaria de los menores) a organizaciones armadas que participen en el conflicto, en Colombia, a 2016 el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) manejaba un registro de más de 16.000 niños reclutados entre los diferentes grupos armados(Centro de memoria histórico 2018 P. 17), pero es imperativo entender que para la configuración de esta conducta es necesaria la concurrencia de un elemento esencial; la participación activa de los menores en las hostilidades, esto significa que los menores deben realizar actividades que estén vinculadas abiertamente con el conflicto armado y que tengan impacto en el accionar bélico del reclutador, no necesariamente es el empuñar un arma o participar en un combate, si el menor es utilizado para obtener información, trasladar municiones o actividades similares se entiende que está participando del conflicto, así las cosas, este tipo penal no seria consecuente si los menores son utilizados para labores domesticas en viviendas de familiares de los miembros del grupo armado o traslado de alimentos. (CPI 2007 P.91)
Con este contexto entramos ahora al escenario del post acuerdo, con la desmovilización de uno de los grupos armados más grandes del país, las FARC-EP, se hace imperativo generar discusiones sobre los procesos necesarios para la reconstrucción del tejido social, y uno de ellos es específicamente el de la reparación a las víctimas, “En los procesos actuales de justicia transicional, la pregunta sobre la reparación de los daños causados a las víctimas de los conflictos armados juega un papel prominente. En discusión está no solamente la definición del universo de las víctimas (quiénes sufrieron daños atribuibles a los actores involucrados en el conflicto y, por tanto, deben ser reparados) sino también los procedimientos por medio de los cuales debe realizarse la reparación (individual o colectivamente, material o simbólicamente).” (Rettberg, 2008 P. 14).

En el marco de estas discusiones, es relevante que como nación, se preste particular atención a casos de otros pueblos donde se hayan desarrollado conflictos armados que presenten el juzgamiento de este mismo crimen, y donde se puede ver el comportamiento y solicitud de las victimas de esta conducta, uno de los mas relevantes es el proceso adelantado por la Corte Penal Internacional contra el señor Thomas Lubanga Dyilo, siendo esta la primera sentencia del tribunal, en este caso se dio una participación importante de las victimas que vale la pena revisar. Por ejemplo es interesante como las victimas entienden su reparación desde la identificación en el otro, y utilizan las experiencias externas para juzgar su propio proceso, “The legal representatives are aware that the positions taken may be influenced by the composition of the group answering the questions (for example, several boys – who form the majority of the group – consider that the girls have already received assistance through various programmes, whereas the girls tend to highlight that they not only suffered more than the boys, but even today still suffer more acutely from the effects of their time in the militia)” (CPI 2017 P. 4).

Esta experiencia es importante, y muy relevante para el caso nacional, toda vez que los niños entienden que su reparación va mas allá del factor económico, incluso un numero mayoritario de ellos opta por desestimar esta medida “Unsurprisingly, twelve of the fourteen interviewees consider that individual financial compensation, even though limited, would be useful to them or even necessary. Nonetheless, two former child soldiers stated clearly that this form of reparation would be useless to them.”(CPI 2012 P. 5).  , considerando que el daño sufrido no puede ser resarcido de esta manera expresando que es preferible invertir estos recursos en proceso de sensibilización con las comunidades donde ellos serán reintegrados, pues sienten miedo al rechazo y la persecución que la comunidad receptora puede encausar contra ellos, “the majority of former child soldiers in group V01 (9 of 12) thus support the idea of an outreach campaign in the community to combat the unsavoury reputation of former child soldiers (bad, violent or delinquent boys, “sullied” girls) and to encourage respect for and solidarity with these victims. This view is shared by the two parents who were consulted”. (CPI 2012 P. 5), en el caso colombiano podemos ver las mismas discusiones, cuando es complicado para la ciudadanía en general comprender la confluencia de las figuras del victimario y la victima en la misma persona, esta discriminación se ve incrementada y sustentada desde el mismo ámbito legal, donde por ejemplo la ley 1448 de 2011 determina que las victimas de reclutamiento forzado no podrán ser reconocidas como tal si su desvinculación del grupo armado se da posterior a que estos alcanzan la mayoría de edad.

Otra de las similitudes del caso de la República Democrática del Congo con el conflicto armado colombiano en la tipificación del delito de reclutamiento forzado, en el ámbito de la reparación, es la dificultad de generar una colectividad en la identificación de las víctimas; en este caso los menores son extraídos de varias comunidades o tribus, en el caso colombiano específicamente podemos hablar de la afectación a varias poblaciones, como comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinos, situaciones donde además de la extracción, el menor se ve en conflicto con sus antiguas redes sociales, sumado a esto, se crea otro problema, la aceptación y promoción de las comunidades frente a las organizaciones que reclutan a los menores, causando así que una reparación a dicha comunidad sea vista como ilegitima o injusta por parte de las demás, “At first glance, it is difficult to award collective reparations to child soldiers because they do not form a collective. Those child soldiers participating in the current proceedings are often in conflict with their own communities (the Hema ethnic group in Ituri). Whilst from an objective standpoint, this community did suffer from the enlistment of its youth in the militia and the use of its children in hostilities, it also accepted this behaviour for the most part and supported the leaders who engaged in it. Many even collaborated. An award for reparations to the Hema community as a whole would therefore not be reasonable and might be perceived as unjust by other communities.” (CPI 2012 P. 5)

Con este desarrollo es importante ver también en el ámbito nacional ¿cuáles son las medidas de reparación que las victimas consideran adecuadas?, según un estudio adelantado por la universidad nacional “Interrogadas acerca de sus tres formas preferidas de reparación, las personas encuestadas otorgaron mayor importancia al cubrimiento de sus necesidades económicas (45,5%) y al establecimiento de la verdad sobre los hechos (44%,). El que los responsables les pidieran perdón, obtuvo el menor porcentaje de respuestas”. (Rettberg, 2008), este estudio no tuvo a bien la identificación del delito específico del reclutamiento forzado infantil, y las variables de las respuestas determinan que los grupos de víctimas difieren en los conceptos de reparación efectiva dependiendo el delito acontecido, es por esto que se debe profundizar en el acercamiento a la población víctima de reclutamiento infantil, para determinar de manera adecuada las medidas de reparación que estas consideran efectivas, como el trabajo adelantado por la CPI con las víctimas de este delito en la República Democrática del Congo.

Una ultima precisión en este aspecto es el papel que va a jugar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues una de las medidas de reparación que mas buscan las victimas como se mostró en el párrafo anterior, es el establecimiento de la verdad de los hechos. Es así como el ejercicio judicial transicional mas que dedicarse a la justicia punitiva que suele identificarse con la reparación, debe profundizar y trabajar junto a la comisión de la verdad para que se establezca una verdad solida para todo el pueblo colombiano, que abarque las causas y factores del conflicto, los intervinientes y las responsabilidades de cada uno de ellos, la expectativa de todos los colombianos es grande, y mas allá del dinero, debemos entender que es menester reconstruir un pueblo dividido, debemos buscar los medios necesarios para identificar la humanidad existente en el otro y eliminar esa concepción de enemigo a vencer creada por muchos años de dolor y sangre, reconocer que en esa persona que llega a las comunidades como un hombre de guerra, aun vive el niño que fue arrebatado de su familia y su comunidad por intereses 
 
 
 
Bojacá, M. (2017) Mambrú se fue a la guerra, no toda ronda infantil es un juego de niños: Estudio de caso organización “un futuro para mi” de niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente. Bogotá. http://repository.usta.edu.co/handle/11634/10208
Centro Nacional de Memoria Historica (2018), Una guerra sin edad Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano, Bogotá http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2018/una_guerra-sin-edad.pdf
Corte Penal Internacional (2012). Public Document Observations on the sentence and reparations by Victims a/0001/06, a/0003/06, a/0007/06, a/00049/06, a/0149/07, a/0155/07, a/0156/07, a/0162/07, a/0149/08, a/0404/08, a/0405/08, a/0406/08, a/0407/08, a/0409/08 , a/0523/08, a/0610/08, a/0611/08, a/0053/09, a/0249/09, a/0292/09, a/0398/09 and a/1622/10, Ciudad de la Haya, https://www.legal-tools.org/doc/4be150/pdf/
Convención de Estados Parte, (1977) Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, Ginebra. https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
Rettberg, A., Kiza, E., & Forer, A. (2008). Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas? Bogotá D.C.: Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GTZ. Recuperado Julio 10, 2011, a partir de http://bivipas.info/handle/10720/353