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Sentencia contra Jean Paul Akayesu TPIR.

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Sentencia contra Jean Paul Akayesu, proferida por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de fecha 2 de Septiembre de 1998.
 
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) es un órgano jurisdiccional creado por la ONU, mediante la Resolución 955 de 8 de Noviembre de 1994. La competencia temporal y material del tribunal aparece descrita en esta sentencia de la siguiente forma:

Este juicio se dictó por la Sala I del Tribunal Internacional para la procesamiento de las personas responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de ciudadanos responsables de genocidio y otras violaciones cometidos en el territorio de Estados vecinos, entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 1994.[1]

Esta sentencia marca un precedente internacional puesto que marca un antes y un después en la lucha por la prevención y la sanción del crimen de Genocidio al ser la primera Sentencia Internacional declarando la comisión y responsabilidad del autor por dicho crimen. Al igual desarrolla las formas de participación criminal mediante el modo de directa incitación a cometer Genocidio y por complicidad con el Genocidio.

De esa forma, el TPIR entendió a la complicidad con el Genocidio, diciendo que existen diversas formas, tales como:
·       La complicidad otorgando medios de comisión, como las armas, instrumentos o cualquier otro medio contratante, utilizado para cometer genocidio, a sabiendas de que dichos medios se utilizarían para tal fin;
·       Complicidad con conocimiento cómplice o encubridor de un autor de un genocidio en la planificación o posibilitar actos de la misma;
·       Complicidad por instigación, para que una persona sea responsable, aunque no participa directamente en el crimen de genocidio, dio instrucciones para cometerlo, a través de regalos, promesas, amenazas, abuso de autoridad o poder, maquinaciones o artificio culpable, o que directamente incitado a cometer genocidio.[2]

Evidentemente, como también lo ha reconocido el TPIY, para poder ser cómplice de genocidio es requisito fundamental que efectivamente se haya cometido uno, con todas las implicaciones fácticas que esto requiere, como el dolo especial que se debe comprobar en casos de esa naturaleza.

Por otra parte, cuando se habla de Incitación directa a cometer genocidio, el TPIR entiende la dificultad que supone diferenciarlo de la complicidad, tal como se establecía en el Código Penal Ruandés, por lo cual lo entendió de la siguiente manera:

En vista de lo anterior, se puede observar en el análisis final que la incitación directa y pública debe estar definido para los efectos de la interpretación del artículo 2(3)(c) del Estatuto del Tribunal, ya que provoca directamente al autor(es) a cometer genocidio, ya sea a través de discursos, gritos o amenazas proferidas en lugares públicos o en reuniones públicas, o a través de la venta o la difusión, la oferta de venta o exposición de material escrito o impresos en lugares públicos o en reuniones públicas, o por medio de la exhibición pública de pancartas o carteles, o a través de cualquier otro medio de comunicación audiovisual.
El mens rea requerido por el delito de incitación directa y pública a cometer genocidio radica en la intención de incitar directa o provocar otro para cometer genocidio. Implica un deseo por parte del autor de crear con sus acciones un determinado estado de ánimo necesario para cometer tal delito en la mente de la persona(s) que actúa como autores directo. Esto quiere decir que la persona que está incitando a cometer genocidio debe tener él mismo la intención específica de cometer genocidio, es decir, de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal.[3]

Sin embargo la sentencia dada contra Jean Paul Akayesu no solo fue innovadora por ser la primera condena internacional por Genocidio, sino porque avanza ostensiblemente en lo referente a la Violencia Sexual, declarando a Akayesu culpable de tal crimen sin ser el quien materializaba la conducta. El TPIR entendió el crimen de Violación y Violencia Sexual así:
El Tribunal define la violación como una invasión física de naturaleza sexual cometida contra una persona en circunstancias coercitivas. El Tribunal considera que violencia sexual, incluye la violación o cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra una persona en circunstancias coercitivas. La violencia sexual no se limita a la invasión física del cuerpo humano y puede incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico.
El incidente descrito por Testigo KK en la que el acusado ordenó a los Interahamwe[4] que desvistieran a una estudiante para obligarla a hacer gimnasia desnuda en el patio público de la oficina comunal, en frente de una multitud, constituye violencia sexual. El Tribunal observa en este contexto que las circunstancias coercitivas no necesitan ser evidenciados por una demostración de fuerza física. Las amenazas, la intimidación, la extorsión y otras formas de coacción que se aprovechan de miedo o la desesperación que pueden constituir coacción y coerción puedan ser inherentes a ciertas circunstancias, tales como los conflictos armados o la presencia militar de los Interahamwe entre refugiados mujeres tutsis en el buró comunal.[5]

Por otra parte, este sentencia es reconocida por complementar la figura de la doble incriminación, antes desarrollada por los Tribunales de Núremberg y Tokio[6],   mediante la cual por un mismo hecho se pueden imputar dos o más incriminaciones internacionales al autor, sin que esto se traduzca en una violación al non bis in ídem. Al respecto la sala se pronuncia de la siguiente forma:
468. Inspirándose en el derecho y la jurisprudencia interna e internacional, la Sala llega a la conclusión de que es aceptable condenar al acusado de dos delitos en relación con el mismo conjunto de hechos en las siguientes circunstancias:
(1) Cuando dichos delitos tienen diferentes Elementos; o
(2) cuando las disposiciones que crean los delitos protegen intereses diferentes; o
(3) donde es necesario registrar una condena por ambos delitos con el fin de describir plenamente lo que el acusado hizo. Sin embargo, la Sala concluye que no es justificable condenar a un acusado de dos delitos en relación con el mismo conjunto de hechos  si (a) una de las infracciones es un delito menor incluido en el otro, por ejemplo, el asesinato y lesiones graves, robo y hurto, o la violación y asalto indecente; o (b) si una infracción implica la responsabilidad del cargo de complicidad y la otra infracción la responsabilidad en tanto autor principal, por ejemplo, genocidio y complicidad en genocidio[7].
 
Estas anotaciones, a pesar de su relevancia, son apenas un esboce de los avances jurisprudenciales que trajo consigo tan emblemática sentencia. Compartimos con ustedes el texto íntegro de la misma en el siguiente link: https://goo.gl/GeFPCr
 

[1] TPIR, Caso del Fiscal vs Jean Paul Akayesu, Sentencia, Expediente No. ICTR-96-4-T, 2 de Septiembre de 1998, pará 1.
[2] Ibíd. Pará 537.
[3] Ibíd.pará 599 – 560.
[4] Grupo paramilitar Ruandés.
[5] Ibíd. 688
[6] Proceso Josef Altstoetter, et al . 4 de diciembre de 1947, T.W.C., vol.III,p.1057.
[7] TPIR, Caso del Fiscal vs Jean Paul Akayesu, Sentencia, Expediente No. ICTR-96-4-T, 2 de Septiembre de 1998, pará 468.