Sentencia contra Dusko Tadic, proferida por el Tribunal Penal Internacional para Ex Yugoslavia, el 7 de mayo de 1997.

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El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia profirió una de las sentencias más importantes y reconocidas a nivel internacional, como lo es la proferida contra Dusko Tadic, en su calidad de autoridad militar Serbio-Bosnia. En dicho caso, en el acto de Acusación, le fueron formulados cargos por crímenes contra la humanidad, violaciones a las Convenciones de Ginebra y violaciones a los usos convencionales de la Guerra, por los cuales fue condenado este sujeto a 20 años de prisión.

Esta sentencia es reconocida en el ámbito del derecho penal internacional y del derecho internacional humanitario, por las grandes avances desarrollados frente a conceptos propios de dichas ramas. Algunas de los cuales se traen a colación en el presente análisis. 

Al respecto se analizaron varios puntos de importancia, tales como la excepción existente en el TPIY de tener que ligar los crímenes de Lesa Humanidad a un conflicto armado, retrocediendo en lo dicho desde los Juicios de Nuremberg y lo pronunciado por el TPIR, a saber:
El artículo 5 del Estatuto, que trata los crímenes de lesa humanidad, otorga al Tribunal competencia internacional a través de los actos enumerados "cuando se cometan en conflictos armados". […] A pesar de este precedente, la inclusión de la exigencia de un conflicto armado se desvía de la evolución de la doctrina después de que el Estatuto de Nuremberg, a partir de la Ley del Consejo de Control No. 10, desvinculara el concepto de crímenes contra la humanidad con un conflicto armado. […][1]

Así, el mismo Tribunal advertía que dicha cláusula del artículo 5 del Estatuto del TPIY no revertía lo dicho ya desde Nuremberg, puesto que esta fue diseñada para ser aplicada únicamente por ese Tribunal. Por tal razón, frente a la competencia material del TPIY era necesario probar que el ataque sistemático o generalizado, dirigido contra la población civil, como elementos propios del Crimen de Lesa Humanidad[2], se encuentran relacionados con un conflicto armado.

Por otro lado, frente a los crímenes de guerra, o violaciones a las convenciones de Ginebra, el TPIY ha dicho que estos han de cometerse en medio de un conflicto armado, para lo cual lo define diciendo que:
“De acuerdo con la decisión de la Sala de Apelaciones, el criterio para determinar la existencia de un conflicto, es que este existe cuando se recurre a la fuerza armada entre Estados o la violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos dentro de un Estado”.[3]

Así mismo aclara que no solo basta con determinar la existencia de un conflicto armado, sino que existe la obligación de demostrar cómo se relacionan los hechos constitutivos de crímenes de guerra con dicho conflicto. El TPIY al respeto afirma:
“Esta Sala de Primera Instancia necesita estar seguro de que cada uno de los presuntos actos fue de hecho cometido en relación con las hostilidades. Sería suficiente para probar que el delito fue cometido en el ejercicio o como parte de las hostilidades, o la ocupación de una zona controlada por una de las partes”.[4]

Por su parte, el TPIY ha establecido también principios de interpretación frente a la protección de personas. Refiere que el artículo 4 de la Convención IV de Ginebra entiende a las personas protegidas como aquellas que en cualquier momento y de la manera que sea, estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder de una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no sean estos nacionales.

Así, el TPIY cree que dicha protección se evidencia no necesariamente interpretando la expresión “en poder de” como la necesidad de una posesión física, sino que el mero hecho de estar en el territorio de la potencia ocupante. El Tribunal lo expresa textualmente de la siguiente forma:
La expresión "en manos de" se usa en un sentido muy general. No es simplemente una cuestión de estar en manos del enemigo directamente, como un prisionero es. El mero hecho de estar en el territorio de una parte en el conflicto o un territorio ocupado implica que uno está en el poder, o "manos", de la Potencia ocupante. Es posible que este poder puede en realidad nunca se ejerza sobre la persona protegida: muy probable que un habitante de un territorio ocupado nunca tendrá nada que ver con la Potencia ocupante o de sus organizaciones. En otras palabras, la expresión «en manos de" no tiene necesariamente que ser entendido en el sentido físico; simplemente significa que la persona está en territorio bajo el control del poder en cuestión. En consecuencia, las personas que se encontraban en territorio efectivamente ocupado por una parte en el conflicto se puede considerar que han estado en manos de ese partido[5].

Lo anterior, frente a las imputaciones hechas a Tadic en el marco de Crímenes de Guerra en el contexto de un Conflicto Armado Internacional.

Por su parte, y por la complejidad de la situación Yugoslava,  la Sala observa que frente a la protección de personas en Conflictos Armados No Internacionales, esta se establece caso por caso, siguiendo el principio por el cual serán protegidas por el DIH, a tenor del artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra, aquellas personas que no participen activamente en las hostilidades. De allí que insista el TPIY en determinar las circunstancias de lugar y tiempo de la supuesta víctima para determinar si estaba cubierta por la protección del DIH o no.

En ese sentido, el TPIY expresa que: “Basta con examinar los hechos relevantes de cada víctima y comprobar si, en las circunstancias de cada persona, esa persona participó activamente en las hostilidades en el momento pertinente”.[6]

Con las breves anotaciones anteriores, compartimos con ustedes el texto íntegro de la Sentencia, en Inglés como idioma oficial.
 

[1] TPIY, Caso del Fiscal vs Dusko Tadic, Sentencia, IT-94-1-T, 7 de mayo de 1997, pará 627,
[2] Idíd. Pará 635 y ss.
[3] Ibíd, 561.
[4] Ibíd. Pará 573.
[5] Ibíd. Pará 579.
[6] Ibíd. Pará 616

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