Sentencia C-578 de 2002

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Sentencia C-578 de 2002, por medio de la cual se hace examen de Constitucionalidad de la ley 742 de 2002, que integra el Estatuto de Roma al ordenamiento jurídico Colombiano.
 
La Sentencia C-578 de 2002 se da en el marco del control de constitucionalidad previo de la ley 742 del mismo año, siguiendo el trámite de una ley estatutaria al interior del Congreso Colombiano, por medio de la cual se integra al ordenamiento jurídico colombiano del Estatuto de Roma, nacido el 17 de Julio de 1998, en Roma-Italia.

La Corte Constitucional da curso a su examen de la ley, que consta de 3 artículos, desde la formalidad del proceso legislativo y el contenido material del Estatuto de Roma.

Es de anotar que el Gobierno Nacional, previamente al trámite legislativo de la ley 742, sancionó el acto legislativo 02 de 2001, el cual modificó el artículo 93 de la constitución nacional y cuya reforma permitía que se hicieran tratamientos sustanciales diferentes a los contemplados en la Carta Política, siempre y cuando se hicieran en el marco de la competencia de la Corte Penal Internacional. Adelantando de plano que si bien el Estatuto de Roma es vinculante para el Estado Colombiano frente a la competencia del Tribunal, no lo son así sus disposiciones materiales, si estas difieren de lo contemplado inicialmente por el ordenamiento interno.

Viendo entonces que no se presentaron vicios de forma en el trámite legislativo dado a la ley 742, procede la Corte a hacer un análisis material de las disposiciones del Estatuto, para lo cual, hace un estudio desde el preámbulo, capitulo por capitulo, hasta el XII, que trata de las disposiciones finales. Algunas de sus apreciaciones las podemos resumir en:
  • Ningún instrumento de la CPI impide la concesión de amnistías, indultos o perdones judiciales por delitos políticos por parte del Estado Colombiano.
  • Se garantiza el derecho a la defensa a nacionales vinculados investigados por la CPI.
  • Si un colombiano es investigado en la CPI, el Estatuto de Roma debe ser interpretado con base en tratados internacionales de DDHH y DIH.
  • El artículo 17, párrafo 3, del Estatuto de Roma, las "otras razones” se refieren a la ausencia evidente de condiciones objetivas necesarias para llevar a cabo el juicio. 
  • Como la CPI tiene competencia complementaria el tratado no modifica el derecho interno aplicado por las autoridades judiciales colombianas en ejercicio de las competencias nacionales que les son propias dentro del territorio de la República de Colombia.
Los instrumentos internacionales Elementos del Crimen y Reglas de Procedimiento y Prueba[1] que hacen parte del mandato de la Corte Penal Internacional deben ser igualmente aprobados por el Congreso y sometidos a un control constitucional.
 

[1] Ley No. 1268 del 31 de diciembre de 2008. Análisis constitucional C-801-09. 

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