Negociar el conflicto, “mal” interpretando el DIH.

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Con ocasión de los hechos acaecidos el pasado 16 de noviembre de 2014, en donde se presentó la retención no violenta hecha al General Rubén Darío Alzáte, junto al cabo Jorge Rodríguez y la abogada al servicio de las fuerzas militares Gloria Urrego, en el caserío de Las Mercedes (área reconocida por la constante presencia de la guerrilla), en el Departamento del Chocó; se generaron una serie de pronunciamientos desafortunados en torno a nociones propias del DIH aplicables al conflicto armado no internacional que vive Colombia y que redundan negativamente en el vigente proceso de paz.  
 
La reacción primaria frente a la retención del General y sus acompañantes la tuvo el Estado a través de sus altas personalidades, las cuales en el afán de reprochar dicha actuación de las FARC y suspender el proceso de paz, realizan declaraciones desacertadas del DIH que solo reflejan una interpretación amañada del DIH para favorecer una posición política estatal de desconocimiento del Conflicto Armado No internacional que padece Colombia.  
 
Para confirmar lo anterior, es necesario traer a colación las declaraciones dadas por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, al afirmar: “No se puede aceptar la calificación de prisioneros de guerra que dan las FARC al brigadier general, al cabo, a los soldados y a la abogada secuestrados. Dicha figura aplica a los conflictos armados internacionales, no en el caso de Colombia. Se trata de víctimas de un delito de secuestro.”[1]
 
Por su parte, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, comete otro desatino, cuando afirmará que “Cuando hay referencias al Derecho Internacional Humanitario, recordar que a los primeros y a los que de verdad se les puede aplicar ese DIH es a nuestras mismas fuerzas armadas. En el caso de otras organizaciones, considero que es un tema que se mira con una lógica más académica, más jurídica”[2].
 
Frente a la connotación que reviste esta situación, el Centro de Estudios Juan Gelman considera que es necesario hacer claridad frente a la calificación jurídica de dicha situación a la luz de estándares internacionales del Derecho Internacional Humanitario.
 
La calificación de prisionero de guerra, desarrollada en la Tercera Convención de Ginebra de 1949 y por el Derecho de la Haya, es aplicable según el derecho internacional consuetudinario a los Conflictos Armados Internacionales. Sin embargo, los Comentarios a las Convenciones de Ginebra especifican que “ninguna persona encontrándose en manos del enemigo puede estar por fuera del derecho” humanitario.  
 
Es por ello que tratándose de los Conflictos Armados No Internacionales, el protocolo II de 1977 a los Convenios de Ginebra, a pesar de no referirse expresamente a la noción de prisionero de guerra, establece una serie de garantías fundamentales que protegen a las personas detenidas o privadas de su libertad de los malos tratos y establecen garantías jurídicas aplicables a estas sin importar si han participado o no en las hostilidades[3].   
 
Adicionalmente se establece que “Todas las personas privadas de su libertad por motivos relacionados con el conflicto son protegidas contra los malos tratamientos y se benefician de garantías especificas circunscritas a las garantías fundamentales relacionadas con la detención.”[4]. Este instrumento indica que cuando se prive de su libertad a una persona, se debe garantizar, entre otros, la posibilidad de practicar su religión, de recibir tratamiento médico, alimentación, agua potable, además de tener garantías de salubridad, higiene y otras más, entre las que se encuentra no estar retenidos en proximidades al desarrollo del conflicto.
 
Si bien las garantías aplicables a una persona privada de su libertad con ocasión del Conflicto Armado No internacional no pueden ser totalmente asimilables a aquellas que rigen el concepto de prisionero de guerra propio de un Conflicto Armado Internacional,  esto no es óbice para predicar que se esta en presencia de un delito de derecho común, tal como lo es el secuestro, no relacionado con el conflicto armado y que por lo tanto no resulta regulado por el Derecho Internacional Humanitario.
 
En la situación fáctica del pasado 16 de noviembre se presentó, en efecto, una privación de la libertad de tres personas cuya posición y rol en el conflicto armado, generan sin lugar a dudas una ventaja militar para el grupo armado de las FARC. Esta retención no puede descontextualizarse entonces del Conflicto Armado No Internacional Colombiano, de la misma forma como no podría predicarse que el privar de la libertad a un alto líder guerrillero por parte del Estado e incluso privar de su derecho a la vida al líder Guerrillero Alfonso Cano, constituyeran hechos aislados ajenos al conflicto armado.
 
Suspender un proceso de paz de tanta importancia para el pueblo colombiano, argumentando la ocurrencia de este tipo de situaciones propias del Conflicto Armado resulta un despropósito frente a lo acordado hace dos años al inicio de las conversaciones en la mesa de la Habana, en donde se decidió dar curso a un proceso de paz en medio del conflicto, lo cual daba luz verde a que la Fuerza Pública Colombiana siguiera realizando acciones de contraguerrilla y que la guerrilla hiciera lo propio frente a su adversario.
 
Ahora bien, manifestar, como lo hizo el actual Ministro de Defensa, que el DIH solo es aplicable para la fuerza pública constituye una interpretación malintencionada de dicha normatividad que en vez de contribuir a ratificar una posición política estatal, puede desembocar en un apoyo masivo internacional a la Guerrilla frente a un Estado desconocedor de sus obligaciones internacionales del derecho humanitario. Adicionalmente, se pone en riesgo a los miembros de la fuerza pública Colombiana quienes pueden ser víctimas de represalias por parte de la guerrilla, amparadas en una interpretación equivocada del DIH en torno al concepto inexistente de reciprocidad[5].
 
Es necesario recordarle al Estado Colombiano, que al suscribir los tratados internacionales de derecho internacional humanitario, esta obligado internacionalmente de forma imperativa a respetar y hacer respetar en toda circunstancia las normas aplicables a los conflictos armados[6].  Al igual, recordarle  que la obligación principal de aplicar el DIH recae esencialmente sobre el Estado, sin que esto quiero significar que por este hecho se aplique en exclusividad a su Fuerza Pública.   
 
El Centro de Estudios Juan Gelman, celebra que por la intermediación de los países garantes y del CICR se haya logrado el acuerdo de liberación del General Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez, los soldados Jonathan Díaz y Cesar Rivera, además de la Abogada Gloria Urrego que esperamos, se haga efectivo en la mayor brevedad posible.
 
Sin embargo queremos hacer un llamado, tanto al Estado Colombiano como a los grupos armados, para que apliquen a cabalidad las normativas internacionales de protección aplicables al Conflicto Armado No Internacional Colombiano; más aún en un momento de tanta relevancia para encontrar una salida negociada al conflicto con uno de sus actores principales. 
 
 
 
 
 
[1] Encuentre el comunicado de prensa del Ministerio Publico en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/_No-se_puede_ceder_al_chantaje_del_terrorismo___Procurador_Alejandro_Ordonez_frente_a_reciente_pronunciamiento_de_cabecillas_de_las_FARC_.news
[2] Escuche el audio completo de la nota en: http://www.bluradio.com/82910/mindefensa-critica-que-fiscal-calificara-de-retencion-el-caso-del-general-alzate
[3] Articulo 3 común a las convenciones de ginebra y articulo 4 del protocolo adicional II.
[4] Articulo 5 protocolo adicional II.
[5] Artículos 1 y 2 común a los Convenios de Ginebra.
[6] Articulo 1 común a los convenios de Ginebra y articulo 1 y 80.2 del protocolo adicional I.