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Ley 1719 de 2014

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Firmada el 18 de Junio de 2014 y vigente desde el momento de su promulgación, la ley 1719 pretende modificar algunos artículos de las Leyes 599 de 2000 y 906 de 2004. Por medio de ella se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.

Así, dicha ley crea nuevos tipos penales relacionados con delitos de violencia sexual, quedando al día frente a la tipificación de este tipo de delitos incluida en instrumentos internacionales tales como el Estatuto de Roma suscrito por el Estado Colombiano y las convenciones de Ginebra. A traves de dicha reforma legal se inserta al ordenamiento interno delitos tales como la esclavitud forzada, el embarazo forzado, la desnudez forzada, la prostitución forzada, entre otros, que ha futuro permitirán un juicio óptimo de aquellas conductas que violan flagrantemente los derechos reproductivos y sexuales de las personas protegidas. Es de anotar que por mandato expreso del legislador estos delitos deben tener relación directa con el conflicto armado pues aparecen inscritos dentro del titulo II referente a los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.

Así mismo dicha reforma crea medidas procedimentales que agilizan las investigaciones, cuidan el tratamiento de pruebas y humanizan el tratamiento que se les da a las víctimas, asegurando el acceso de atención integral en salud y atencion psicosocial a las mismas durante el procedimiento.

Igualmente contiene disposiciones que permiten que dichas conductas sean tipificadas en determinadas situaciones tanto como crímenes de lesa humanidad o crimenes de guerra, otorgándoles el carácter de imprescriptibles, además de sacarlas bajo cualquier circunstancia del conocimiento de la Justicia Penal Militar.

Sin embargo, al contrastar el contenido de la misma con el derecho internacional encontramos que existen ciertas deficiencias conceptuales. Una de ellas es la de confundir los elementos contextuales propios del crímen de lesa humanidad, con los propios del crimen de guerra. El artículo 14 reza que: La autoridad judicial competente adelantará la investigación de los delitos que constituyen violencia sexual con ocasión del conflicto armado, para lo cual se tendrán en cuenta como hipótesis, entre otras, lo siguiente:
[…] 4. Carácter generalizado o sistemático del ataque en virtud del cual se desarrolle la conducta.
 
 Debemos recordar que el elemento generalizado o sistemático del ataque es un elemento propio de un crimen de lesa humanidad, que puede darse tanto en tiempos de paz como de conflicto; a diferencia del crimen de guerra el cual se da en el contexto de un conflicto armado y teniendo relacion directa con el mismo. Adicionalmente se exige en el autor el conocimiento de la existencia del conflicto armado, más no su caracterización. Lo anterior siguiendo la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional.

A pesar de estos desaciertos conceptuales, los cuales en la puesta en marcha del contenido de la reforma generarán dificultades para los operadores judiciales; se puede considerar que se trata de una ley bienintencionada que intenta subsanar el déficit de protección dado a las personas protegidas frente a los delitos sexuales y atacar directamente la impunidad que ha acompañado hasta hoy la comision de dichos crimenes.

El Centro de Estudios Juan Gelman, seguirá de cerca la implementación de dicha ley y analizará en detalle las imprecisiones conceptuales que surjan de su interpretación. 

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