Justicia Transicional en Colombia: ¿Un problema por resolver?

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Colombia, vive en la actualidad quizá una de las coyunturas más importantes a nivel político, puesto que juega en La Habana la finalización –de una parte- de uno de los conflictos armados más largos de la historia a nivel mundial. Los Diálogos de Paz, iniciados en Noruega y trasladados a Cuba se presentan como la oportunidad de lo que podría ser una real nueva etapa para la Nación Colombiana, sin embargo, para llegar a tan anhelada meta han de llenarse una serie de requisitos exigidos a nivel internacional para lo acordado no tenga problemas de aplicación al ojo de organismos como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así, uno de los retos más grandes es como lograr Justicia, Reparación, Verdad y Garantías de No Repetición sin chocar con los intereses propios de las partes en disputa, en este caso las FARC-EP, quienes se niegan en pensar en penas privativas de libertad puesto que su lucha era “política”.

Ahora bien, en medio de toda la discusión que se ha dado al respecto del Proceso de La Habana, han salido ideas como la de que este proceso de Justicia Transicional debe cobijar igualmente a las Fuerzas Militares –lo que se muestra paradójico, puesto que pareciera ser una aceptación tácita de que igualmente han cometido sendas acciones criminales- o como la expresada por el Expresidente Gaviria al decir que igualmente debe cobijar a aquellos auspiciadores de grupos al margen de la ley.

Al respecto vale resaltar que podría tratarse de iniciativas que buscan extender el Proceso de la Habana a otras partes del Conflicto, sin embargo han de dejarse claros puntos, como lo son los mismos ítems de discusión en aquella latitud. Respetando los espacios, probablemente se llegará más lejos y se abran más espacios para la discusión  de la finalización real y total del conflicto.

Por su parte, dichas propuestas no solucionan el reto principal de las Victimas. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 20% de la población nacional es víctima del conflicto, lo que supone un desafío de dimensiones mayúsculas en materias económicas, políticas y sociales.

En un país tan polarizado y desigual como Colombia, las víctimas tienen el papel más difícil de todos y es el Estado el encargado velar porque sus derechos sean efectivamente respetados, en la mayor medida posible.

Lo anterior en tanto como sociedad no podemos exigir penas que dicten decenios de privación de la libertad, puesto que en busca de la paz, quizá lo que más deba sacrificarse sea la sanción total conforme a ley, de los crímenes de todos los actores del conflicto.

Así, donde han de ponerse los mayores esfuerzos es en la reparación y el derecho a la verdad de las víctimas, es el derecho a la Justicia de estas el que se ve limitado en aras de la reinserción a la vida civil y política de aquellos quienes dejan las armas. En ese sentido, la sociedad civil ha de entender que cárcel, no es sinónimo de Justicia, sino que muchas veces es una amalgama que intenta esconder los problemas reales de inclusión y sociabilidad en nuestro país.

Experiencias como las de Perú, Argentina o Guatemala nos enseñan que la verdad sobre los crímenes cometidos en el transcurso del conflicto armado ha de ponerse en las primeras prioridades. Un recurso de suma importante para tal tarea es la conformación de una Comisión de la Verdad, imparcial e independiente que sea capaz de resaltar de forma correcta cual ha sido el papel de cada una de las partes en conflicto.

De otro lado, la presencia activa de organizaciones como el Centro Nacional de Memoria Historia y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y otros similares juegan un papel prioritario en la conformación de una sola memoria de los hechos. Es decir, que como Nación se encuentre las razones de todos los sucesos que han marcado con violencia la historia de la nación.

Ese reconocimiento de los hechos victimizantes del 20% de la población colombiana, como lo ha manifestado reiteradas veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es en sí misma una forma de reparación, en este caso, colectiva y simbolica.

Igualmente, como se manifestaba antes, reparar a las victimas requiere no solo el acto de reconocer los hechos y resaltar el papel de las víctimas, sino que requiere una reparación real tanto en salud como económica hacia ellas, por lo cual el Estado ha de hacer un esfuerzo enorme a nivel presupuestario para lograrlo.

Por su parte, ha de pensarse cuál va a ser el trato a la hora de la reinserción a la sociedad de aquellos quienes dejen las armas, puesto que muchos de ellos son también victimas de reclutamiento forzado cuando eran menores.

De la misma forma, y en medio del ambiente de polarización, que miembros de las FARC pasen a ser miembros activos civil y políticamente representa todo un desafío en materia de seguridad, inclusión y políticas de empleo.

Muchos más aspectos se presentan como punto de debate en el proceso que vive actualmente Colombia y muchos de ellos se escapan al actual examen, sin embargo ha de tenerse en cuenta que en un proceso de Justicia Transicional hay que ceder algunos mínimos para lograr lo grandes finales últimos.