El TEDH dice que finalizar tratamiento médico de persona en estado vegetativo no es violación.

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La Gran Sala (Segunda instancia) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el día 5 de junio de 2015, pronunció un fallo emblemático en el caso de Lambert y otros vs. Francia, en el cual manifiesta la inexistencia de violación al derecho a la vida a la luz del artículo 2 de la Convención Europea de Derechos humanos (CEDH), frente a la situación de poner fin a una vida de una persona en estado vegetativo.   

El proceso hacia referencia a la decisión rendida por el Consejo de Estado Francés el 24 de junio de 2014 autorizando la finalización de la alimentación e hidratación artificiales del señor Vincent Lambert. Decisión frente a la cual los familiares se opusieron y activaron el mecanismo europeo de protección de derechos humanos manifestando que esta decisión, avalada por la alta instancia administrativa francesa, se traduciría en un hecho constitutivo de violación al derecho a la vida (art.2 CEDH), constitutivo de actos de tortura (art.3. CEDH), violación al derecho al respeto de la vida privada y familiar (art.3 CEDH), entre otras violaciones. Lo anterior, la culminación del tratamiento médico dado del señor Lambert, se traduciría con el paso del tiempo en la pérdida de la vida del mismo. 
 
Al respecto el Consejo de Estado en su decisión realiza un análisis de la figura médica de la obstinación irrazonable, prescrita en la ley francesa Leonetti,  afirmando que “la sola circunstancia que una persona esté en un estado irreversible de inconsciencia o de pérdida de autonomía sometiéndola a una alimentación e hidratación artificiales no caracteriza, por este hecho, una situación en la cual la persecución del tratamiento aparecería injustificada en nombre de la negativa de la obstinación irrazonable”. Adicionalmente manifiesta que “para apreciar si las condiciones de la finalización del tratamiento estaban reunidos, el médico debía fundarse sobre un conjunto de elementos médicos y no médicos cuyo peso respectivo dependía de las circunstancias particulares a cada paciente; que aparte de los elementos médicos, debía asignársele una importancia particular a la voluntad anterior expresada por el paciente, cualquiera que sea la forma y el sentido, y tomar igualmente en cuenta la opinión de la persona de confianza, de los miembros de la familia de paciente, o en su defecto de uno de sus prójimos”. “.En la hipótesis de que la voluntad del paciente permanezca desconocida, no podrá presumirse como consistente a una negativa de ser mantenido en vida”.
 
Esta figura de la obstinación irrazonable se traduce en la abstención terapéutica para parar o no iniciar un tratamiento que deviene irrazonable, en atención al alto nivel de degradación de la salud de la persona, y cuyo solo efecto será el de mantener artificialmente la vida de la persona. En este caso, los galenos están autorizados a evaluar si un tratamiento aplicable a una persona en estado vegetativo podría serle interrumpido en atención a que su realización no produce efectos de recuperación de la salud, ni siquiera pueden considerarse como cuidados paliativos, por el grado elevado de enfermedad. Según lo anterior, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que cuando un médico interrumpe un tratamiento, no está matando, sino se resuelve a retirarse cuando ya no hay nada más a hacer.  
 
El Tribunal tuvo en consideración diversos elementos de relevancia para la toma de la decisión, entre estos se encuentran: la exigencia de un marco legal interno que regule este tipo de situaciones y que éste acorde al artículo 2 de la CEDH, que se tenga en cuenta la decisión del paciente o sus prójimos frente a este tipo de intervenciones y por último la posibilidad de un recurso jurisdiccional en caso de duda sobre la mejor decisión a tomar en el interés del paciente.
   
Para culminar el Tribunal considera que no habiendo consenso entre los Estados Miembros del Consejo de Europa para permitir una interrupción de un tratamiento manteniendo artificialmente la vida. En este ámbito que tiene relación con dar fin a una vida, es necesario concederle un margen de apreciación a los Estados. El Tribunal considera que las disposiciones legales francesas, debidamente interpretadas por el Consejo de Estado, constituyen un cuadro legislativo suficientemente claro para encuadrar de manera precisa la decisión del médico en una situación como la referida.  Siendo consciente de la importancia de los problemas existentes en el presente caso que tiene relación con cuestiones médicas, jurídicas y éticas de la más grande complejidad, el Tribunal recuerda que en las circunstancias del caso, es en primer lugar a las autoridades internas a quien compete el verificar la conformidad de la decisión de la interrupción de los tratamientos con el derecho interno y la convención, así como establecer los deseos del paciente conforme a la ley nacional.
 
Por todo lo anterior el Tribunal decide que no existe violación alguna a los derechos mencionados en la CEDH, por haberse verificado la existencia de cada uno de los elementos anteriormente mencionados.
 
Esta decisión, que desarrolla una situación que acontece habitualmente en el ámbito médico nacional, genera ciertas pautas que podrían ser tenidas en cuenta frente a la creación de reglamentación a propósito de la interrupción de tratamientos innecesarios para una persona en estado vegetativo, sin que esto genere en una responsabilidad para el médico tratante. La existencia de normatividad clara al respecto, constituye la premisa principal que le permitirá al Estado Colombiano cumplir con sus obligaciones internacionales y no ser sometido a jurisdicciones nacionales o internacionales cuando se presente este tipo de situaciones médicas.  
 
 Para mayor información conozca la integridad de la decisión tan en inglés como en francés.