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CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES DE 1984.

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La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fue adoptada en New york en la sede de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, y su entrada en vigor acontenció el 26 de Junio de 1987, tras la ratificación de los primeros 20 países siguiendo el contenido del artículo 27 del tratado. Actualmente la convención cuenta con 157 Estados Partes.

Dicha convención es una consecuencia directa de la lucha contra la Tortura, que tiene como antecedente inmediato la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975, la cual contiene un catálogo de obligaciones a cargo de los Estados para contribuir a la erradicación de dicho fenómeno.

En la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su artículo 17 se contempla la creación de un Comité que será competente para conocer de las posibles situaciones de tortura que se presenten en un Estado Parte. Dicho Comité, reza el mencionado artículo, se constituirá por “…diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, que ejercerán sus funciones a título personal.”

La competencia de dicho comité puede o no ser aceptada por los Estados Partes de la Convención, para lo cual ha de hacerse una reserva, en virtud de su artículo 28. Adicionalmente, se faculta a los Estados Partes a declarar quienes son los habilitados para enviar comunicaciones sobre posibles situaciones de tortura, tal como lo rezan los artículos 21 y 22 del tratado.

Así mismo, respecto al valor jurídico internacional del contenido de dicha convención el Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia afirma en su sentencia a Furunzija, con fecha de 10 de diciembre de 1998, que dichas normas convencionales relativas a la Tortura revisten un carácter de normas ius cogens[1] y erga omnes[2].

Dado que la Convención fue ratificada por el Estado Colombiano el 15 de Diciembre de 1986, siendo uno de los 20 primeros Estados en hacerlo, no existió un examen previo de constitucionalidad ya que se estaba en vigencia de la constitución de 1886.

Compartimos con ustedes entonces la Convención en su versión española, la cual según el artículo 33 de la misma, es una de sus idiomas oficiales.
 

[1]El TPIY manifiesta que: “144) Cabe señalar que la prohibición de la tortura establecida en los tratados de derechos humanos consagra un derecho absoluto, que nunca puede ser derogada, ni siquiera en situaciones excepcionales (por este motivo la prohibición también se aplica a las situaciones de conflictos armados). Esto está relacionado con el hecho, discutido a continuación, de que la prohibición de la tortura es una norma imperativa o jus cogens. Esta prohibición es tan extensa que los Estados les está incluso prohibido, por el derecho internacional, la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando existen razones fundadas para creer que la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura”. Traducción del autor.
[2] El TPIY manifiesta que: “151) Por otra parte, la prohibición de la tortura impone a los Estados obligaciones erga omnes, es decir, las obligaciones debidas a todos los demás miembros de la internacional comunidad, cada una de las cuales tiene un derecho correlativo. Además, la violación de tales obligaciones constituye simultáneamente una violación del derecho correlativo de todos los miembros de la comunidad internacional y da lugar a una reclamación por el cumplimiento resultantes para cada uno y todos los miembros, que a su vez tienen el derecho de insistir en el cumplimiento de la obligación o en cualquier caso para llamar por el incumplimiento a interrumpirse.” Traducción del autor.

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