Buenaventura. !!Te están desapareciendo¡¡

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Con ocasión de la décimo quinto condena judicial[1] en contra del Estado Colombiano proferida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la aceptación de su competencia contenciosa a partir del 21 de junio de 1985, el tema de las desapariciones forzadas de personas cobra vigencia al reconocerse la comisión de tan grave crimen por parte del Estado en el caso de los desaparecidos del Palacio de justicia[2].
 
Este fenómeno cuyo culmen se presentara durante el apogeo del fenómeno paramilitar y que trascendió en el tiempo después de la desarticulación de dicha organización delincuencial (Frase exquisita para el ala Uribista), constituye uno de los mayores flagelos que afecta actualmente el país, específicamente al departamento del Valle del Cauca, en el puerto de Buenaventura.
 
Nuevamente el tema odioso de los hornos crematorios artesanales, “casas de pique”, fosas comunes, hace parte de nuestros almuerzos familiares. Una titular de máximo dos minutos nos recuerda que una de las regiones más abandonadas por la presencia estatal, padece una oleada de violencia sin cese que afecta principalmente a la población civil.
 
La implementación de uno de los métodos más agresivos de violencia y lesivos para el ser humano, tal como lo es la desaparición forzada de personas, por parte de los grupos delincuenciales reinsurgentes del fenómeno paramilitar o camuflados en BACRIM[3]; constituye aún y luego de los esfuerzos estatales implementados para prevenir, investigar y sancionar este fenómeno, el medio más eficaz para garantizar la impunidad del crimen y causar terror e intimidación en la población. El proverbio “sin cuerpo no hay delito” sigue, y con razón, latente en la mente de los infractores.
 
Como de costumbre, fue necesario que un organismo de defensa de derechos humanos nos abriera los ojos, mediante la publicación de un informe[4], sobre la cruenta realidad padecida por la población civil en el principal puerto Colombiano en el pacifico. Este informe da cuenta que Las autoridades presumen que en más de 150 casos en los cuales se denunció que una persona se había extraviado en Buenaventura entre enero de 2010 y diciembre de 2013, las personas habrían sido llevadas contra su voluntad y sido víctimas de desaparición”[5]. Sumado lo anterior, a que según la ONG tan solo el 30 o 40 por ciento de los casos son denunciados ante las autoridades, por temor de los familiares a represalias por parte de los infractores que aún permanecen en la región. Lo anterior se traduce en un sub-registro de casos de desaparición forzada en la región, lo cual dificulta la identificación de victimas e investigación de su paradero y de los presuntos infractores.
 
Adicionalmente, se informa de la existencia de las denominadas “casas de pique”, en donde la población vecina afirma que son llevadas las personas que han sido privadas de su libertad para ser sometidas a tortura, desmembramientos y posterior desaparición mediante el arrojo de los restos al mar, por parte de los miembros de las organizaciones delincuenciales que operan en la región. Hecho que posteriormente fue comprobado por las autoridades de Policía del Valle del Cauca[6].
 
Esta realidad padecida cruentamente en la ciudad de Buenaventura, pone en tela de juicio el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por parte del Estado Colombiano frente a los instrumentos de protección de derechos humanos relativos al fenómeno de la desaparición forzada de personas. Colombia ha asumido obligaciones a nivel Internacional no solo con la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH, sino que también con la ratificación de la Convención Interamericana en Contra de la Desaparición Forzada en 2005 y de la Convención Internacional Para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada en 2012.
 
Estas convenciones traen inscritas una seria de medidas puntuales que permiten una eficaz lucha contra la impunidad del crimen de desaparición forzada, a saber la obligación de tipificar como delito independiente (artículo 3 y 4 respectivamente), obligaciones de prevenir y dar información acerca de las personas detenidas (artículos 11 y 17 respectivamente) o algunas que tienen tanto la función de sancionar como de prevenir (artículos 12 y 25 respectivamente).
 
Estas obligaciones asumidas por Colombia, resultan altamente cuestionadas frente a las actividades realizadas por las autoridades para contrarrestar los hechos delictivos cometidos en la región de Buenaventura luego de que se dieran a conocer tan graves violaciones a derechos humanos de los pobladores de la región. El hecho de no haber llegado a desarticular las organizaciones delincuenciales que aún operan en la región, perseguir y sancionar a aquellos miembros de las mismas responsables de haber cometido las desapariciones forzadas, constituye un incumplimiento frente a su obligación de prevenir y sancionar. El mismo efecto tiene la ausencia de investigaciones judiciales en contra de funcionarios públicos que colaboraron con las organizaciones delincuenciales de la región.
 
Si bien existen algunas investigaciones judiciales, estas, en el mejor de los casos, se han adelantado bajo la tipificación de la desaparición forzada incluida en el artículo 165 del Código penal colombiano en tanto delito de derecho común; y no bajo el calificativo de desaparición forzada en tanto acto haciendo parte de un ataque sistemático o generalizado dirigido en contra de la población civil, a saber con la connotación debida de delito de lesa humanidad. Lo cual discurre con el cumplimiento de la obligación del Estado en tipificar adecuadamente el delito de desaparición forzada acorde a los instrumentos internacionales, y permite que se genere impunidad del crimen respecto a una posible sanción que se pueda otorgar no acorde al contexto y gravedad de los hechos cometidos en la ciudad de Buenaventura.     
 
Lo anterior, constituye tan solo un ejemplo del incumplimiento presentado por parte del Estado Colombiano frente a su obligación internacional de luchar en contra de la impunidad del delito de desaparición forzada cometido en la región de Buenaventura. Lo cual es lamentablemente un reflejo de las actividades desarrolladas por el Estado a nivel nacional en aquellos lugares afectados igualmente por este flagelo.
 
Si el Estado Colombiano persiste en realizar actividades que resultan insuficientes para cumplir con sus obligaciones internacionales, se vera sometido nuevamente a la competencia de un organismo internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado nuevamente por incumplimiento de sus obligaciones.   
 
El hecho de que haya un silencio en los medios de comunicación en los últimos meses, no significa que estos crímenes hayan cesado de cometerse por parte de los mismos actores en la región de Buenaventura. Al contrario, estos continúan más vigentes que antes y exigen que tanto las autoridades como la sociedad civil reaccionen enérgicamente para contrarrestar este crimen en una de las regiones más pobres de nuestro país.
 
La invisibilización no es per se que el problema no exista.   Quizás la misma justificación por la que el mundo permaneció indiferente frente al genocidio de Ruanda, se replica en torno al pueblo del Buenaventura.  
 
 
 
 
 

[1] Las cuales se remiten a los siguientes casos, que no aparecen en orden cronológico: 1) Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. / 2) Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Sentencia de 26 Noviembre de 2002. / 3) Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Sentencia de 29 de enero de 1997. / 4) Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de Julio de 2004. Serie C No. 109. / 5) Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132. / 6) Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134. / 7) Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. / 8) Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148. / 9) Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. / 10) Corte IDH. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165. / 11) Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. / 12) Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. / 13) Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Sentencia de 30 de Noviembre de 2012. / 14) Corte IDH. Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Rio Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Sentencia de 20 de Noviembre De 2013. / 15) Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del palacio de justicia)  Vs. Colombia. Sentencia de 14 de noviembre de 2014.
[2] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del palacio de justicia)  Vs. Colombia. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Pará 321. Este Tribunal determinó que Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao fueron víctimas de desaparición forzada (supra párrs. 109, 111, 225 y 305). Al respecto, la Corte recuerda que una desaparición forzada se configura por una pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente y simultánea varios derechos protegidos por la Convención, por lo cual el análisis de las violaciones cometidas debe enfocarse en el conjunto de hechos que configuran la desaparición y no de manera aislada sobre la detención, posible tortura, riesgo a la vida y ausencia de reconocimiento de la personalidad jurídica (supra párr. 233). Sentencia del palacio de justicia.
[3] Se sabe que lo Urabeños y la Empresa, son los grupos delincuenciales que actúan en la región.
[4] LA CRISIS EN BUENAVENTURA. Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico. Human Rights Watch. 2014. Disponible en: https://www.hrw.org/es/report/2014/03/20/la-crisis-en-buenaventura/desapariciones-desmembramientos-y-desplazamiento-en-el
[5] Informe . ibídem. Pág. 15.
[6] Informe . ibídem. Pág. 18.